¿EN QUÉ EQUIPO JUEGA LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL?

Desde mis inicios profesionales he “sufrido” con gran satisfacción un gran crecimiento y desarrollo de la legislación ambiental en nuestro país. “Sufrido” porque me ha tocado en muchas ocasiones, en las empresas que he estado, pilotar la lucha, a veces demasiado en solitario, por el cumplimiento estricto de esa nueva legislación, que a veces, se da de bruces con los intereses económicos de la organización a la que representas. Pero muy satisfecha, porque tanto como profesional de esta área, como persona preocupada y comprometida con la protección ambiental, considero que esta reglamentación es indispensable para alcanzar ese desarrollo sostenible que, cada vez más, muchos reclamamos para nuestra sociedad.

Sin embargo, y a pesar de que la normativa ambiental va aumentando y perfeccionándose continuamente, la aplicación de ésta, creo que sigue siendo bastante deficiente. Si lo que buscamos es prevenir daños al medio ambiente y garantizar unos niveles aceptables de protección de éste, intuyo, viendo a mi alrededor, que más que la promulgación de nuevas normas más exigentes, habría que asegurar la aplicación efectiva de las que ya existen y están en vigor.

En este terreno juega un papel fundamental la función de inspección que tiene que desempeñar la Administración ambiental. En sus manos está verificar y exigir el correcto cumplimiento de los requisitos legales destinados a modificar las prácticas y pautas empresariales responsables del deterioro ambiental.

Doy fe de que esta labor de inspección se realiza, y a veces, incluso, intensamente. Pero ¿es realmente efectiva tal y como se está llevando a cabo? ¿está bien enfocada esa labor de inspección ambiental desempeñada por la Administración?.

Desde la experiencia he ido sacando mis ideas sobre este tema y tengo mis propias teorías sobre lo que está fallando.

¿Vigilamos a quién debemos?

Inspeccion ambiental

Supongamos dos empresas:

  • Una, dedicada a la fabricación de algún producto, con un sistema de gestión ambiental sólido implantado y certificado, con un servicio interno de Medio Ambiente preocupado por cumplir con toda la normativa ambiental que le afecta, disponiendo de todas las autorizaciones correspondientes, que envía puntualmente todos los informes, estudios, planes, declaraciones y resto de información ambiental que le requiere la Administración, y trabajando intensamente para lograr que la empresa prospere económicamente bajo criterios de responsabilidad y protección del Medio Ambiente.

 

  • La otra, situada al ladito mismo de la primera, perteneciente a otro sector y que puede incluso que trabaje habitualmente para la Administración en, pongamos por ejemplo, la realización de infraestructuras diversas. En esta empresa no se dispone de certificación ambiental, y desde el exterior mismo se puede apreciar fácilmente que tampoco ejercen mucho en estas labores (residuos peligrosos desperdigados por la parcela, algunos abandonados allí mismo desde sabe Dios cuando, altos niveles de ruido emitido, focos de emisión con humaredas negruzcas, …etc). No realizan mediciones, no envían informes ambientales, carecen de muchas autorizaciones en este área y por supuesto, su única preocupación es hacer crecer el negocio sin preocuparse por los efectos colaterales ambientales.

A pesar de ser esta segunda empresa la más susceptible de ser vigilada, ambientalmente hablando, la realidad vivida me ha mostrado que esto no ocurre así. La que habitualmente aparecerá en los listados de los funcionarios como objetivo de inspección será, sin duda, la primera. Más que nada, porque es la que tienen registrada. ¿Tiene sentido esto?.

Una empresa que no cumple con sus obligaciones ambientales es como si no existiera para la Administración ambiental. No aparece en los registros de ésta, no hay autorizaciones ambientales a su nombre, ni declaraciones, ni informes, así que, simplemente no existe.

¿Cumplo, luego existo?

Parece ser que, en situaciones como esta, la Administración sólo puede actuar si hay una denuncia o queja de alguna parte interesada. Ósea, que a no ser que algún ciudadano concienciado y dispuesto a complicarse la vida decida llamar a la puerta de la Administración para decirles: oigan señores! que aquí tienen ustedes un elemento digno de vigilancia intensiva!… no se puede hacer nada.

Repito, ¿tiene sentido esto?. Teniendo en cuenta que, si una empresa para poder desarrollar su actividad en este país, tiene que aparecer seguro en los archivos de otras administraciones (Industria, Hacienda, …etc), entiendo como lógico que debería haber un cruce de datos entre los distintos “entes” administrativos y que sabiendo de su existencia por esta vía, y conociendo la actividad que desarrolla y su volumen de negocio, la administración ambiental se extrañara de que no apareciera reflejada en sus registros, informes, o bases de datos.

¿Tiene sentido que a aquellas empresas que no cumplen sólo puedan ser investigadas a través de una denuncia?.

El poner las cosas más complicadas a las empresa que cumplen, siendo las que están sometidas continuamente a vigilancia ambiental, ¿no parece que fomenta justamente la situación contraria a la deseada?¿acaso no estamos favoreciendo así, que las empresas prefieran mantenerse al margen de la normativa ambiental para vivir más tranquilas? ¿no conseguimos de esta forma que prefieran la ilegalidad ambiental para no tener que estar sometidas a una continua vigilancia e inspección?.

¿Es así como fomentamos el desarrollo de un tejido empresarial responsable para con sus obligaciones ambientales?. ¿No debería estar entre las ventajas de ser una “empresa cumplidora” el poder disfrutar de una mayor relajación en cuanto a inspecciones ambientales?… Y al contrario, quién no se responsabilice de las consecuencias ambientales de su actividad, que esté bajo la continua vigilancia de la administración.

Este no es más que un ejemplo ficticio (o quizás no), de la situación del control ambiental de las industrias en nuestro país. De cómo la función de esta inspección parece que sólo se observa para las empresas que cumplen con sus obligaciones.

Pongamos otro ejemplo ficticio (o quizás tampoco) de la relevancia que tienen las deficiencias en la labor inspectora de la Administración de cara a la efectividad de la regulación ambiental. Cuando se promulgó y entró en vigor la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación (Normativa IPPC), que determinaba la necesidad de solicitud de una Autorización ambiental integrada (AAI) a aquellas instalaciones industriales que realizaban alguna de las actividades enumeradas en su anexo 1, podría ser que alguna de estas industrias afectadas y ya existentes, no se diese por enterada de sus obligaciones al respecto y no procediera a iniciar el correspondiente proceso de solicitud de la AAI como sería su obligación. ¿Quién le va a exigir que lo haga?. Si además tampoco dispone de un sistema de gestión ambiental certificado, con el cual, al menos quedaría en evidencia su incumplimiento legislativo en sus correspondientes auditorias por parte de su entidad certificadora, ¿tendría que ocurrir un incidente ambiental para que se descubra que la empresa obvió un trámite que le correspondía?. ¿Qué medios tiene la Administración para detectar este incumplimiento?.

Por qué esperar a que se produzca una castástrofe ecológica para actuar. ¿No debería la Administración prevenir este tipo de situaciones? ¿no deberían disponer de herramientas para ello?.

Resulta patente que la inactividad de la función de inspección ambiental, condiciona la efectividad en el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.

La función inspectora es un eslabón indispensable para la efectividad del proceso normativo. La inexistencia de un efectivo control del cumplimiento de la legislación ambiental, incide directamente en la aplicación coherente de dicha legislación y muy posiblemente también, y de forma indirecta, en la competencia entre empresas. No parece justo que si mi empresa, que cumple estrictamente con toda la legislación ambiental que le aplica, además de tener que soportar los costes que ello supone (y en muchos casos hablamos de cantidades importantes), tenga que perder tiempo y recursos para responder a las inspecciones ambientales que seguro tendrá que soportar, mientras que esto no ocurrirá con mi competencia, que vive al margen de la Ley ambiental. ¿O acaso me toca a mi denunciarles para que estemos en igualdad de condiciones?.

Es preciso superar la vía de la denuncia para poder ejecutar la actividad de inspección ambiental en aquellos casos de empresas “no registradas”, para alcanzar el tan necesario efecto preventivo de la función inspectora en el cumplimiento de las normas.

Al igual que en otros tipos de inspecciones administrativas, en las que se actúa habitualmente de oficio, mediante la definición de un tipo de actividad objeto de control (servicios turísticos, servicios sociales, …), aunque el Medio Ambiente no sea un sector propiamente dicho, la función de la inspección ambiental debería funcionar en las mismas condiciones si queremos asegurar el cumplimiento normativo por parte de las empresas en este área.

A pesar de que la preservación del Medio Ambiente debería ser de interés y preocupación para cualquier entidad empresarial, hoy por hoy, la efectividad de las normas ambientales sigue dependiendo de la eficacia de la Administración ambiental en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control.

En definitiva, y en mi opinión, el logro de altos índices de protección ambiental es este país, dependen más de asegurar el cumplimiento de la legislación existente que de fabricar normas más exigentes.

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3 pensamientos en “¿EN QUÉ EQUIPO JUEGA LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL?

    • Sí, en general la cuestión ambiental avanza demasiado lentamente en la mayoría de los paises, sobre todo en relación a la urgencia de las soluciones que requieren la mayoría de las problemáticas ambientales. Aquí también! …
      Gracias Gestión ambiental argentina por tu aporte. Un saludo.

  1. Pingback: El Bueno, el Feo y el Malo de 2016 – Trabajar en Gestión Ambiental

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