LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Hoy quiero hablar de Legislación.

Puf!… Sólo escuchar su nombre parece que dan ganas de salir corriendo…Lo sé, no es una temática muy atractiva, de hecho, creo que es la parte de los Sistemas de Gestión Ambiental que menos  nos atrae a la mayoría de los que nos dedicamos a ellos.

Pero, tranquilidad, porque no voy a ponerme a mencionar un tremendo listado de normativa ambiental que nos afecta y debemos tener en cuenta en nuestra actividad diaria. Ni tampoco voy a utilizar el engorroso léxico que habitualmente nos encontramos en esos documentos que nos marcan las reglas y requisitos que debemos cumplir.

Voy a hablar de cómo interviene la normativa ambiental en los Sistemas de Gestión, del papel que juega en la actividad desarrollada por empresas e industrias o de en qué medida la legislación contribuye a que nos desarrollemos de una forma más sostenible.

Unas cuantas pinceladas sobre uno de los pilares sobre los que se sustenta la gestión ambiental que se desarrolla en la sociedad actual.

Y es que, en los últimos años debido al aumento de la preocupación social  por el deterioro del medio ambiente, ha hecho  que esta legislación se haya vuelto cada vez más abundante y restrictiva, pero,

¿La Legislación Ambiental protege realmente al Medio Ambiente?

Legislacion Ambiental

La Legislación ambiental es la protagonista del apartado 6.1.3 y el 9.1.2 de la ISO 14001:2015, por lo que, si tenemos un Sistema de Gestión Ambiental certificado en nuestra organización, debemos cumplir con ellos identificando los requisitos legales que nos aplican en función de los aspectos ambientales que tengamos, implantando los cambios necesarios para satisfacer esos requisitos y evaluando periódicamente nuestro cumplimiento.

Conocer la legislación que regula cada área del medio ambiente es una competencia esencial para cualquier profesional dedicado a la gestión ambiental en una empresa.

Pero que sea un requisito de los estándares de Gestión (ISO 14001 / EMAS), no significa que, si tu empresa no está certificada en Gestión Ambiental, no tengas que tener en cuenta la legislación en este campo a la hora de realizar tus actividades. Es más, aunque no tengas una empresa y aunque no trabajes en una, como simple ciudadano la legislación ambiental también te afecta. Y este último aspecto parece ser el más desconocido para la población en general.

Existe normativa ambiental aplicable a todos los ámbitos de nuestra vida y como es bien sabido, “su desconocimiento no exime de su cumplimiento”.

Tampoco podemos escudarnos en nuestra falta de formación en Derecho, como nos ocurre a la mayoría, ni lo complicado de la palabrería legal, que si bien es cierto que, es un léxico complicado de entender para el ciudadano de a pie (al cual también van dirigidas las obligaciones que establece), bastante poco “friendly” (como se diría hoy en día), y donde una “y” o una “,” puede darle la vuelta completa al entendimiento de sus requisitos, no queda otra que adaptarse a su jerga para entender nuestros deberes y derechos en la materia.

¿QUE ENTENDEMOS POR LEGISLACIÓN AMBIENTAL?

La Legislación Ambiental o Derecho Ambiental es un complejo conjunto de normas que regulan la interacción del ser humano y el resto de los componentes del medio ambiente natural, con el objetivo de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural como en la humanidad misma.

Esta normativa puede dividirse en dos líneas principales de actuación:

  1. El control de la contaminación (control de las emisiones de contaminantes en el medio ambiente, así como la responsabilidad por exceder las emisiones permitidas y la responsabilidad de la limpieza) y la remediación;
  2. La conservación de los recursos y la gestión (proporcionan directrices y limitaciones sobre la conservación, alteración y uso de esos recursos).

También tenemos que tener en cuenta, en este campo del Derecho, muchas leyes que no son exclusivamente “ambientales” o su objeto principal no es el Medio Ambiente, pero que, sin embargo, contienen importantes componentes del medio ambiente e integran las decisiones de política ambiental, como pueden ser normativas de actividades empresariales, o de mantenimiento de instalaciones, etc.

EL NACIMIENTO DE LA RAMA AMBIENTAL DE LA LEGISLACIÓN

El incremento del Derecho ambiental en las últimas décadas ha ido ligado al aumento de la preocupación social por el deterioro del medio ambiente, como consecuencia de los problemas de salud asociados a los procesos de contaminación o los accidentes ambientales.

El origen de esta preocupación social podemos situarlo allá por los 60’, cuando se comienza a tomar conciencia de los problemas ambientales a raíz de problemas patentes de contaminación derivados de la actividad antropogénica (disparados con la Revolución Industrial, que sin duda ha marcado un punto de inflexión en la relación del ser humano con el entorno natural) como el hundimiento del petrolero Torrey Canyon en la costa británica (1967) que provocó un importante desastre ecológico, la catástrofe de la talidomida (el fármaco que provocó que miles de bebés nacieran en todo el mundo con severas malformaciones irreversibles), o el incendio del río Cuyahoga (Ohio, 1969) provocado por décadas de contaminación por residuos industriales

El Derecho ambiental, como tal especialización, y la actividad legislativa en esta materia, se inicia a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972.

LA COMPLEJIDAD DEL DERECHO AMBIENTAL

La mayor complejidad de la Legislación ambiental deriva de que ésta es una de las ramas del derecho más cambiante.

Las razones de ello las encontramos, por un lado, en que, como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos que se van produciendo en el tiempo y que nos aportan una mayor información sobre las causas del deterioro ambiental, la legislación ambiental está en continua evolución, adaptándose a los nuevos conocimientos para establecer límites que eviten esas causas y desarrollar sistemas que impidan superar estos límites.

Por otro lado está la necesidad de satisfacer una creciente demanda, por parte de la sociedad, de mayor protección ambiental.

Cualquier empresa debe conocer todos los requisitos legales que debe cumplir en función de sus actividades, productos y servicios.

España cuenta con más de 800 normas que regulan la gestión de esta área en las empresas, y que además, como decía antes, sufren numerosas modificaciones, lo cual, puede llegar a aturdir a cualquiera, que siendo totalmente ajeno al Derecho, se aproxima por primera vez a esta normativa.

Además, los requerimientos legales que se exigen pueden llegar por parte de diferentes administraciones públicas (Comunidad Europea, Estado, CC.AA, Ayuntamientos…), lo que contribuye, aún más, a complicar la tarea de aquellos que no enfrentamos a estas lides en nuestras tareas profesionales.

Cada normativa ambiental tiene diferente grado de afectación en función de la empresa, su actividad, tamaño, localización, antigüedad,…, por lo que no es suficiente conocer los diversos documentos que la conforman, sino que hay que ser capaz de adaptar cada uno de esos documentos a la realidad de las empresas en las que estamos para extraer los requerimientos específicos en función de una gran diversidad de factores.

LA LEGISLACION AMBIENTAL, ¿PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE?

Llama la atención que aun disponiendo del amplio marco jurídico ambiental de hoy en día, que en principio podríamos entender cómo bastante completo y adecuado para que se establezcan medidas efectivas que prevengan o reduzcan la contaminación, estemos aún tan lejos de alcanzar esos altos niveles de protección que sus bases promulgan.

¿Por qué entonces no se están cumpliendo los objetivos para los que han sido creadas esta multitud de normas? ¿Qué es lo que está fallando?

Una de las razones principales es la falta de un efectivo control del cumplimiento de la legislación ambiental.

La función inspectora es un eslabón indispensable para la efectividad del proceso normativo, y su inexistencia, incide directamente en la aplicación coherente de dicha legislación. La efectividad de las normas ambientales depende de la eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control.

Así es que, hoy por hoy, con una abundante y prolífica normativa ambiental, el alcance de altos índices de protección del entorno en este país, depende más de asegurar el cumplimiento de la legislación existente que de fabricar normas más exigentes. Es fácil de entender: de nada nos sirve establecer muchas normas si luego éstas no se cumplen. – (te lo contaba en: ¿EN QUÉ EQUIPO JUEGA LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL?)

Por otro lado, en la mayor parte de la legislación, los objetivos que se plantean son más bien poco ambiciosos y muy “largo placistas”. Ejemplo de ello es la nueva estrategia de la Comisión Europea para limitar el impacto de los plásticos (Directiva 2015/720, con transposición al ordenamiento jurídico español en el reciente Real Decreto 293/2018) – (hablaba de ello en: VIVIENDO EN EL IMPERIO DEL PLÁSTICO. ¿Hay posibilidades de resistirse a su dominación?) , o el acuerdo resultante de La cumbre del clima de París de 2015.

Hay que tener en cuenta, también, que muchas veces es la propia Administración la que no cumple con sus obligaciones ambientales. España es el país de la Unión Europea con más infracciones ambientales. Cerró 2017 con 30 expedientes: construcciones en parajes protegidos, aguas residuales mal gestionadas, vertederos ilegales, …

España se encuentra a la cola de Europa en cuanto a la protección del medio ambiente. Con este referente, ¿cómo exigir a empresas y ciudadanos que cumplan con sus obligaciones ambientales? ¿qué ejemplo se está dando desde los órganos de Gobierno?

Una escasa e inefectiva vigilancia del cumplimiento y una falta de ejemplo de éste por parte de la propia Administración, hacen difícil alcanzar el objetivo anhelado de altos niveles de protección ambiental.

Y, aunque en teoría el sentido básico de la legislación ambiental es la protección ambiental, no siempre parece que ésta esté pensada y diseñada para el beneficio y la protección del medio ambiente. A veces se busca más salvaguardar los intereses de algunos o generar nuevos negocios.

En algunos casos, se puede incluso decir que, hay leyes que no solo no protegen el medio ambiente sino que lo perjudican.

Pienso, por ejemplo, en legislación sobre residuos:

  • Leyes que me impiden que residuos de la empresa sean llevados por los propios trabajadores para darles un nuevo uso mediante la reutilización. Por ejemplo, pallets de madera para vallados de sus fincas o combustible de sus chimeneas.

¿Acaso no es mejor la reutilización que el reciclaje?

¿Acaso no tiene menor impacto ambiental esa reutilización que un camión de un gestor que viene a recogerlo, lo transporta hasta una planta de tratamiento, los trata a través de procesos que consumen energía para convertirlo en un nuevo producto y, que será nuevamente transportado hasta su nuevo lugar de consumo?

  • Normativa promulgada en los últimos años con el objetivo de permitir la gestión de residuos como subproductos y que, en realidad, sólo consigue complicar el reciclaje de éstos y, eso sí, generar nuevos negocios muy rentables para algunos.

Ejemplo de ello es el Reglamento (UE) 333/2011 por el que se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos, que ha complicado mucho el reciclaje de uno de los residuos con más larga trayectoria de reciclaje (por no decir el que más). Un residuo que se ha reciclado prácticamente desde los propios orígenes del material.

En contrapartida, lo que sí ha conseguido es generar una nueva línea de negocio a través de “certificaciones” que las empresas deben pagar para poder seguir haciendo lo que ya hacían desde tiempos inmemoriales.

¿A quién beneficia entonces esta legislación?

¿Es realmente la protección del Medio Ambiente el objetivo de esta normativa?

  • La “responsabilidad ampliada del productor”, desarrollada en numerosa normativa para distintos tipos y flujos de residuos (por ejemplo en la legislación de envases y residuos de envases, neumáticos, aceites industriales usados, pilas, RAEEs o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc.) que, en un principio está pensada para trasladar la responsabilidad de los productos que se ponen en el mercado a los fabricantes, para que éstos asuman los costes de la gestión de los residuos que generan, y que al final, en realidad, esa responsabilidad por rebote y traición acaba depositada en los consumidores.

Al final las empresas siguen eludiendo la responsabilidad de los productos que venden, y los costes que deberían ser asumidos por ellas, los acaban desplazando hacia los consumidores.

¿No sería más efectivo, hablando de protección ambiental, responsabilizar a los fabricantes por medio de mayores exigencias de los productos que ponen en el mercado con, por ejemplo, estándares “ecológicos” mínimos a cumplir en la fabricación?

¿No sería más efectivo de cara a esa protección, que los fabricantes de envases plásticos estén obligados a un cambio paulatino de las materias primas que utilizan para acabar poniendo en el mercado envases totalmente biodegradables, que abonar una tasa por cada envase puesto en el mercado (y que en realidad acabamos pagando los consumidores)?

Existen muchísimos más ejemplos de normativa ambiental donde la razón de ser de ésta (la protección del medio ambiente) queda en entredicho. Pero ni es mi intención, como dije en el inicio, soltar una larga retahíla de legislación, ni creo que sea necesario para entender lo que quiero transmitir.

En resumen, la legislación ambiental nos afecta a todos y por ello, todos deberíamos, en mayor o menor profundidad, tener conocimiento de ella.

Es cambiante, engorrosa y de complicado entendimiento para los que somos totalmente ajenos al Derecho (en especial por la particular y habitual jerga de los legisladores) pero, no nos queda otra que aproximarnos a ella para conocer al menos los requisitos que nos afectan, ya sea como empresa o como simples ciudadanos. Aunque, sin duda, una mayor difusión de esta normativa por parte de la administración, en modo simplificado y con un vocabulario más asequible sería de gran ayuda para su popularización en pro del interés común que es el Medio Ambiente.

De la misma forma en que, una mayor y más efectiva vigilancia de su cumplimiento y un mejor ejemplo en éste desde la propia Administración, ayudarían a trasladar los objetivos fundamentales de la Legislación ambiental del papel a la realidad.

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